¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital? (III)

Responsabilidad del administrador de las sociedades de capitalEl incumplimiento de disolver la sociedad cuando lo motiva una causa legal y la consideración del concurso culpable son los supuestos de responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital (las anónimas, las limitadas y las comanditarias por acciones) más frecuentes. Muchas veces, los responsables de las microempresas y pymes no son conscientes de estos riesgos, que pueden hacer peligrar su patrimonio personal.

En el último artículo dedicado a la responsabilidad de los administradores abordamos los dos supuestos más frecuentes y que más pueden afectar a los administradores de una sociedad mercantil. Éstos son la responsabilidad que se deriva cuando la sociedad se encuentra en causa legal de disolución, y no se procede a la misma, y, por otro lado, la responsabilidad que se deriva en un concurso de acreedores. Es esencial que los administradores conozcan estos riesgos para evitar repercusiones económicas mayores que puedan perjudicar su patrimonio.

La Ley de sociedades de capital (LSC) contempla las causas por las que las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o comanditarias por acciones se deben disolver por ley (por ejemplo, cese de la actividad, paralización de los órganos sociales, pérdidas que dejen el neto por debajo de la mitad del capital social mínimo legal, etc.). A esas causas pueden añadirse otras que pacten los socios en los estatutos. La ley, por tanto, obliga a disolver las sociedades en esos supuestos. El acuerdo de disolución debe adoptarse en la junta general, mediante mayoría ordinaria.

Así pues, una vez comprobado que la sociedad tiene que disolverse obligatoriamente, los administradores convocarán una junta general dentro de los dos meses siguientes. En dicha junta, se adoptará  la disolución o, si fuera insolvente, se instará el concurso de acreedores de la empresa. La junta general puede determinar alguno de los tres siguientes supuestos:

– Acuerda la disolución por mayoría.

– No se adopta el acuerdo. En este caso, los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad, en los plazos establecidos en la LSC.

– Si no se adopta el acuerdo de disolución ni los administradores solicitan la disolución judicial, podrá solicitarlo cualquier interesado.

Cuando en una sociedad en la que concurra causa de disolución, los administradores no convocan la junta, no solicitan la declaración de concurso de acreedores o no instan la disolución judicial, éstos responderán solidariamente de las deudas que se originen con posterioridad al momento en que se produjo la causa de disolución. Las deudas que se le reclamen a la sociedad a partir de ese momento, como se entiende que se han producido tras la causa de disolución, el administrador será responsable, salvo que se pruebe lo contrario.

La responsabilidad en el procedimiento concursal

Todos los concursos se tienen que calificar como fortuitos o culpables. Se considera fortuito cuando la insolvencia se ha producido por causas ajenas a la actuación del deudor o legal representante. En cambio, el concurso será considerado culpable cuando la conducta del deudor o legal representante ha causado la insolvencia, ya sea por negligencia o por una actuación deliberada de agravar la insolvencia o perjudicar a los acreedores. La calificación del concurso, además del deudor y legal representante (administrador de la sociedad), afectará a los liquidadores, a los apoderados, y a las personas que hubieran desempeñado esas funciones durante los dos años anteriores a la declaración del concurso.

¿Cuándo se considerará culpable el concurso? Según la ley concursal, por ejemplo, por incumplimiento sustancial de llevar la contabilidad, por inexactitud de la documentación aportada o por alzamiento total o parcial de bienes, entre otras causas. Además de las anteriores, la normativa considera otras situaciones más graves, estas son: no solicitar el concurso; no colaborar con el juez o la administración concursal; no haber formulado cuentas anuales o no haberlas auditado.

Si el concurso se declara culpable, el administrador sufrirá las siguientes consecuencias: la inhabilitación para ser administrador por un tiempo de dos a quince años; pierde los derechos a cobrar las cantidades que la sociedad le deba y tiene que devolver lo que se haya cobrado en el concurso; así como la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Desde la consultoría de empresas Confinem, y con nuestra experiencia en asesoría jurídica, sabemos que estos riesgos de los administradores de sociedades son perfectamente evitables y le ayudamos a prevenirlos.

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 Óscar Soria

Responsable del área Jurídica de Confinem

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