Impagos: Cómo cobrar de una Administración Pública morosa

La morosidad de las Administraciones Públicas es un tema que ocupa y preocupa a no pocas empresas, por cuanto, en la situación actual, provoca graves problemas de liquidez y crédito no solo a las empresas contratistas sino que también a los proveedoras de las mismas, que pueden abocar al cierre a pymes y autónomos. Es por ello que se hace necesario que veamos cómo puede un empresario cobrar sus deudas con la Administración.

La preocupación ha llegado también al Gobierno, de ahí hayan habido ya dos planes para pagar a los contratistas las deudas acumuladas en ejercicios anteriores y que, además, recientemente se hayan introducido reformas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así pues, exponemos como se regulan los impagos tras las reformas:

1. Impago por las Administraciones Públicas.

El pago por las Administraciones Públicas se regula en el artículo 216 de la LCSP. Para saber cuándo la Administración entra en mora, no paga en el plazo legalmente previsto, habrá que tener en cuenta los siguientes plazos:

a) Una vez que el contratista haya entregado efectivamente los bienes o prestado los servicios objeto del contrato, la Administración tendrá un plazo de 30 días para emitir la certificación de obra o los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados.

b) El contratista debe presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega efectiva de los bienes o la prestación de servicio.

c) Emitida la certificación de obra o los documentos que acrediten la conformidad, la Administración deberá realizar el pago en el plazo de 30 días.

Una vez que haya transcurrido el plazo para realizar el pago, la administración incurre en mora y, por tanto, debe abonar los intereses y los gastos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Los intereses son desde el 24 de febrero hasta el 30 de junio de 2013 del 8’75%. Los gastos serán una cantidad fija de 40 euros y todos aquellos que se ocasionen para reclamar la deuda y queden debidamente acreditados.

Si el contratista no presenta la factura en el plazo de 30 días (punto b), los intereses no empezarán a contar hasta que efectivamente se presente la factura y transcurran otros 30 días sin que se emita la certificación o se realice el pago.

2. Procedimiento para reclamar.

Una vez transcurrido el plazo de 30 días para realizar el pago (punto c del apartado anterior) sin que la Administración haya hecho el pago, el contratista podrá reclamar por escrito el pago de la deuda y los intereses.

Si la administración no contesta en el plazo de un mes, se entenderá reconocida la deuda. Entonces, el contratista podrá acudir a los Tribunales, iniciando el procedimiento contencioso-administrativo por inactividad de las Administraciones, para reclamarla. En ese momento se podrá pedir, como medida cautelar, el pago inmediato de la deuda. La administración será condenada al pago de las costas.

Habrá que estar atentos también a los Planes para el pago a contratistas que pueda aprobar el Gobierno, como los habidos en 2012 y este mismo año. Desde la asesoría jurídica de la consultoría de empresas Confinem, informaremos de cualquier nuevo Plan que pueda haber en el futuro y daremos cumplida información sobre los procedimientos para acceder al pago, tal y  como hicimos con el último que se aprobó.

3. Otras consecuencias del incumplimiento.

Además la ley prevé dos consecuencias más si el impago se prolonga en el tiempo. En primer lugar, el contratista podrá suspender la ejecución de las obras si transcurren cuatro meses desde que se debió realizar el pago sin que se haya producido; para ello tendrá que notificar con un mes de antelación su intención de hacerlo. En segundo lugar, el contratista podrá resolver el contrato si transcurren ocho meses sin que se produzca el pago, teniendo derecho, además, a percibir una indemnización por los daños y perjuicios que le haya ocasionado el incumplimiento por parte de la Administración.

 ¿Hablamos?

 Oscar Soria Moll

Responsable de área Jurídica Confinem

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