Las pymes y la Administración: ¿cómo son las relaciones?

JurídicoSi hay algo a lo que todas las pymes se deben enfrentar, es a los trámites y a los expedientes con la Administración. Ahora bien, las relaciones con la Administración son un laberinto dada la gran cantidad de administraciones, procedimientos, requisitos exigidos, etc. En este artículo, y sin perjuicio de entrar en detalle más adelante en procedimientos concretos, trataremos de ver cómo serán las relaciones de una pyme ante la Administración con la Ley recientemente aprobada.

La pyme en sus relaciones con la administración.

Las pymes se ven envueltas constantemente en relaciones con la Administración y todas ellas están sometidas a un procedimiento. El procedimiento es el cauce a través del cual la Administración toma decisiones, ya sea otorgar licencias de obras o ambientales, subvenciones, la imposición de sanciones, otorgar concesiones, la realización de contratos o su resolución, etc. En todos los casos habrá un procedimiento por el cual se llegue a una decisión que puede ser favorable o contraria a los intereses de la pyme.

Los procedimientos administrativos se inician de oficio por la propia Administración o a instancia del interesado. En los procedimientos iniciados de oficio cualquier persona que sea interesado puede ser parte. Una pyme será “interesado” cuando sus derechos o intereses legítimos se puedan ver afectados, y puede iniciarlo cuando quiera que se le reconozca un derecho o interés legítimo. Por ejemplo, un ayuntamiento pretende regular mediante ordenanza una tasa que afecta especialmente a los comercios, entonces cualquier pyme que tenga actividad comercial en el municipio podría ser parte, como interesado, y tener acceso a toda la documentación e incluso, si se aprueba, impugnarla, formulando el correspondiente recurso.

Fases del procedimiento y plazos.

No todo acto administrativo (otorgar licencias de obras o ambientales, subvenciones, la imposición de sanciones, otorgar concesiones, la realización de contratos, etc.) sigue el mismo procedimiento, pudiendo venir uno específico contenido en la ley que lo establezca. No obstante, existe una ley que regula de forma genérica, y que se aplica cuando no hay normas específicas o en aquellas partes que no regulan las normas específicas.

En general, los procedimientos administrativos, como hemos dicho se inician de oficio, o a instancia de parte. Una vez iniciado se abre la fase la instrucción, en la que los interesados, las pymes que tenga un derecho o interés legítimo, pueden realizar las alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos. En esta fase cuando se considere necesario, se puede abrir un periodo de prueba, primero una plazo para que el interesado proponga la prueba y luego un periodo para su práctica. Concluida la fase de instrucción, a al interesado se otorga un plazo para audiencia, para que mediante escrito exponga las conclusiones sobre las alegaciones, documentos y pruebas practicadas. Finalmente, se dicta una resolución, que puede ser recurrida.

Es importante tener en cuenta los plazos de resolución de los expedientes, puesto que cuando sea una pyme quien inicie el procedimiento su solicitud se ve estimada por silencio administrativo en la mayoría de los procedimientos. Así por ejemplo, si una pyme solicita una licencia ambiental y no se resuelve en el plazo, la pyme puede dar como concedida dicha licencia. El plazo máximo que pueden establecer las normas específicas no podrá superar los 6 meses, y si no se regula ningún plazo en las normas específicas, será de 3 meses.

Declaración de Responsable y Comunicación.

La declaración de responsable es un documento que cada vez es más habitual e importante en las relaciones de las pymes con la Administración, puesto que supone un ahorro en tiempo y costes. Mediante este documento se pone en conocimiento de la Administración que se reúnen los requisitos legales para ejercer un derecho o actividad. Y no es necesario realizar más trámites, salvo que posteriormente la Administración reclame algún documento. Por ejemplo, al iniciar muchas actividades basta con la declaración de responsable ambiental para iniciar una actividad económica, esto ahorra mucho tiempo y costes con respecto a la necesidad de solicitar la licencia ambiental.

En otros muchos casos, tan solo es necesaria una comunicación, donde una pyme que pone en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, lleva determina la imposibilidad de continuar en el ejercicio del derecho o actividad, sin perjuicio de otras responsabilidades (penales, civiles o administrativas) que se puedan derivar.

Desde la consultoría de empresas Confinem, y con nuestra experiencia en asesoría jurídica, le ofrecemos el mejor asesoramiento en las relaciones de su pyme con la Adminsitración para que sus intereses estén protegidos en todo momento.

¿Hablamos?

Óscar Soria

Responsable del área Jurídica de Confinem

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