Los delitos en materia empresarial en la nueva reforma del Código Penal. Delitos por defraudación en subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas (III)

Vistos los delitos en artículos anteriores los delitos fiscales y contra la Seguridad Social, continuamos con los delitos que se encuentran regulados en el Código penal (CP) en el Título XIV, del Libro II, abordando los delitos que se cometen por defraudación en la obtención de subvenciones, desgravaciones y ayudas públicas. Estos delitos se encuentran regulados en el artículo 308 del CP.

Hechos constitutivos de delito.

Las conductas que se consideran delictivas, de acuerdo con el artículo 308 en sus apartados 1 y 2, son:

– Obtener subvenciones

– Obtener desgravaciones

– Obtener ayudas públicas

– Que para la obtención de cualquiera de las anteriores: a) se falseen las condiciones requeridas para su obtención; o, b) se oculten las condiciones que hubieren impedido la obtención

– Cuando tras haber obtenido una subvención, se incumplan las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida

Las cantidades recibidas por subvención, desgravación o ayuda pública deben superar, para que sean los hechos delictivos, la cantidad de 120.000 euros. Si la subvención procediera de fondos de la UE, la cantidad defraudada será delito si asciende a 50.000 € (art. 309 del CP). Para realizar el cómputo de la cantidad se estará al año natural, y se contabilizarán todas las subvenciones, desgravaciones o ayudas obtenidas para una misma actividad privada subvencionable aunque provengan de administraciones o entidades públicas diferentes.

Penas para personas físicas.

Cuando el responsable penal sea una persona física la pena será de prisión de 1 a 5 años y multa que podrá ser desde la cantidad equivalente a lo defraudado hasta seis veces dicha cantidad.

Además el responsable de este delito no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

Penas para personas jurídicas.

Cuando el responsable penal sea una persona jurídica la pena será de multa del doble a cuatro veces de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

Exenciones de responsabilidad.

La persona o personas que hayan incurrido en estos hechos delictivos estarán exentas de responsabilidad cuando reintegren voluntariamente las cantidades recibidas más un interés igual al interés legal (que se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado) incrementado en dos puntos, siempre que se haga:

– Antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas;

– O, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.

La exención de la responsabilidad penal alcanzará también por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

Desde Confinem, nuestros consultores expertos en laboral y Seguridad Social y nuestros abogados le aconsejarán para que no pueda verse envuelto en este tipo de situaciones, o si con anterioridad a nuestro trabajo ya se había incurrido en estas conductas realizaremos las actuaciones tendentes a corregir la situación para que no llegue a estar imputado por estos delitos.

En todo caso, si ya tuviera abierto un procedimiento penal por delitos contra Hacienda pública le garantizamos la mejor defensa posible ante los Juzgados y Tribunales por parte de nuestros letrados expertos en Derecho penal.

¿Hablamos?

Oscar Soria

Consultor del área jurídica. Confinem

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